"¿Cómo, qué usted sospecha que los 150.000 euros que pagó Construcciones Flores a RMA Urbana fueron financiados, en parte, por Aricam? Y siendo así, ¿cómo no reconoce el delito de cohecho ni acusa a los empresarios que orquestaron y, al parecer, ocultaron, ese pago? Señor Lecumberri, perdone pero usted no tiene vergüenza". Esto es lo que cualquier ciudadano de Egüés que hubiera asistido a la última sesión del juicio podría decirle al abogado contratado por su Ayuntamiento, José Ramón Lecumberri, cuando en la exposición de sus conclusiones dejó escapar esa sospecha.
Si tal cuestión fuera cierta (y hay visos de que lo sea) no caben interpretaciones timoratas de lo ocurrido porque tal entendimiento denotaría premeditación, alevosía y complicidad a la hora de orquestar la recalificación ilegal de la parcela S.2.2. Evidentemente se ha demostrado que hubo intencionalidad en ambas partes, la vendedora (Construcciones Flores) por sacar tajada de unos terrenos invendibles para el mercado inmobiliario dada su calificación de suelo escolar, y la compradora, Aricam (a través de Salud Laboral 3000 y Apartamentos Gorraiz) para sacar beneficios de ese terreno, pero tanto unos como otros han basado su defensa en el total desconocimiento de las intenciones del otro.
Sin embargo, la mera sospecha de que se hubiera dado ese entendimiento para pagar los honorarios de Galipienzo (Lecumberri dixit) tira por tierra esa estrategia de defensa y debiera obligar al abogado del ayuntamiento a exigir una investigación. No hacerlo es poco menos que contribuir al cierre en falso de un caso que, en el fondo, esconde un fraude a los intereses colectivos de los ciudadanos de Egüés para anteponer los intereses personales y pecuniarios de su ex regidor y de quien le ampara.
Lo que hemos dicho antes respecto a que "la mirada obtusa de la defensa del Ayuntamiento de Egüés podría justificarse, en un ejercicio de condescendencia infinita, por la necesidad perentoria de que este juicio acabe para que deje de manchar el buen nombre de la localidad", no tiene sentido sabiendo de estas sospechas. Y es que, aunque sólo se suponga ese entendimiento para repartirse los honorarios de Galipienzo, no se nos ocurre más que calificar la estrategia del Ayuntamiento, renunciando a la acusación contra Flores y Aricam, como una auténtica dejación del deber de velar por los intereses públicos y un gran error político que los ciudadanos de aquel valle han de conocer. No es cuestión de echar tierra sobre un asunto tan espinoso como éste, es momento de exigir su esclarecimiento total y la asunción de las responsabilidades, también políticas porqué no, que de él se deribaran. Y, en este último aspecto, UPN tiene mucho que ver. Gente de UPN gobernó con Galipienzo y le asesoró (el mismo ex regidor tenía carné), gente de UPN le respaldó hasta que las evidencias fueron tales que obligaron a abandonarlo y gente UPN ha sido quien, políticamente, ha diseñado y dado el visto bueno a la estrategia de la defensa esgrimida en este proceso. Por tanto, las responsabilidades han de exigirse también a esas siglas.
Pero en este punto también nos preguntamos lo anteriormente expuesto: ¿por qué esta dejación?. La respuesta, a nuestro juicio es la misma: "Las razones de tanta tibieza hay que buscarlas en dos hechos: el primero, que quien hoy gobierna en Egüés es heredero político de Galipienzo (José Antonio Andía, al igual que el ex alcalde encausado, es de UPN); el segundo, el destino final que se dará a la polémica parcela S.2.2. de uso escolar y la posibilidad de que el ayuntamiento ya haya cerrado una permuta de terrenos para conceder a Aricam licencia para construir en otra parcela a cambio de la devolución de ésta". De existir este acuerdo, lo que habría hecho Andía es, simplemente, dar marchamo de legalidad a toda la operación. Entonces tendríamos, a nuestro juicio, una segunda parte del caso Egüés.
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