MECENAS DEL ARTE, AMANTES DEL DEPORTE

No deja de tener gracia el papel de mecenas del arte que se atribuyen a sí mismos los corruptos. Los del caso Gürtel financiaban las guías de turismo, en el caso Malaya había hasta cuadros de Miró frente a inodoros de lujo, en el caso Cintruénigo, acuarelas que aún decoran las escaleras del ayuntamiento, y el nuestro, el caso Egüés, fuegos artificiales y teatro. Los Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, Ignacio Galipienzo o José Luis Bartolomé (todos relacionados de una u otra manera con Grupo Aricam) se revelaron a lo largo de la instrucción y en el presente juicio, como unos enamorados de la cultura popular.

En Borox, provincia de Toledo, pusieron encima de la mesa nada más y nada menos que 30.000 euros para que los vecinos de la pequeña localidad pudieran disfrutar de la belleza sin par del arte pirotécnico. Pagaron los fuegos artificiales de las fiestas como pequeño tributo de la solidaridad navarra con el festejar castellano manchego. Y lo que nos preguntamos es porqué no entregaron esos cinco millones de las antiguas pesetas (los euros siempre se entienden mejor en pesetas) por ejemplo a la residencia geriátrica de la localidad, a financiar el viaje de estudios de los jóvenes del instituto o, por añadir algo aún más estrambótico aún, para cooperación con el tercer mundo. No, eso no da caché, es obvio. Sin embargo, ser incluidos en el programa de las fiestas como los mecenas que trajeron la pirotecnia a Borox, eso es otro cantar... La recompensa popular es mayor y así el día que alguien proteste contra la imposición de una urbanización de lujo con campo de golf anejo, ellos siempre podrán decir: "Oiga usted, que yo les pague los fuegos artificiales!!!"

Otro tanto podría decirse de Seseña, aunque en esta ocasión el papel de mecenas exigía mayor desembolso y un concepto con más glamour. No en vano Seseña es primera división en cuanto a corrupción se refiere, y un simple campo de golf no puede competir con la macrociudad construida por el Pocero con 13.500 viviendas. Por tanto, aquí el desembolso debía ser mayor que en Borox, porque además el regidor de Seseña, José Luis Martín Jiménez, no era un cualquiera. Así que ni cortos ni perezosos los Galo, Izquierdo, Galipienzo y compañía pusieron encima de la mesa un cheque por 120.000 euros (20 millones de las antiguas pesetas) para que el edil que en 10 años pasó de taxista a potentado, dispusiera de ellos como quisiera. En teoría esa cantidad estaba destinada a sufragar "actividades culturales", pero nadie ha podido demostrar que los buenos miles de euros de mecenazgo navarro no acabaran en los bolsillos de algún intermediario. Ya se sabe, esas cosas pasan en el mundo de la Cultura...

Lo dicho, tiene gracia. En tierras toledanas, los corruptos navarros van de mecenas de la cultura, mientras en tierras navarras nos privan de colegios para construir, en vez, apartahoteles de lujo o zonas residenciales exclusivas. Chistosos estos txorizos.

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¿QUÉ HA SIDO DE LA PARCELA RECALIFICADA ILEGALMENTE?

Pero, ¿por qué no ir más allá de lo que está siendo el juicio? Preguntémonos qué ha sido de la famosa parcela S.2.2. de uso escolar recalificada ilegalmente por Galipienzo (aunque él diga que es inocente) para que su empresa, el Grupo Aricam, construyera allá primero un apartahotel y después 123 viviendas.

Pues bien, esa superficie de 16.300 metros cuadrados sigue sin albergar un colegio porque, ya se sabe, para una constructora, un centro escolar no es rentable… Es decir, la S.2.2. sigue siendo un terreno yermo propiedad de Aricam.

En la primera sesión del juicio, la celebrada ayer, el fiscal preguntó a Emilio Izquierdo, consejero delegado de Aricam, cuál iba a ser el futuro de esa parcela. El industrial y ex alto cargo de UPN (fue director general de Industria, es natural de Corella, integrante del conocido como “clan de los corellanos” y, entonces, amigo personal de Miguel Sanz y de su círculo más cercano) insinuó que ese terreno había sido ofrecido al ayuntamiento de Egüés para cumplir con los usos contemplados.

Sin embargo la pregunta es: ¿Va a perder Aricam los más de 7 millones de euros que en teoría invirtió en la compra de la S.2.2. para levantar allá el apartahotel? En buena lógica no, así que la duda que surge es qué ha pedido a cambio de la cesión de la parcela al ayuntamiento de Egüés. ¿Quizá derechos de construcción en otra ubicación del término municipal? Y si es así; ¿Está cerrado ya el trato? ¿existe algún papel que lo certifique?

Sigamos haciendo “ficción”. Si la respuesta a estas últimas cuestiones fuera afirmativa, la corporación actual de Egüés, encabezada por José A. Andía García de Olalla, de UPN, tendría un serio problema. Y es que una permuta de un terreno contemplado como dotacional por derechos de edificación en superficie urbanizable, sería un auténtico pelotazo que, al final, legitimaría toda la operación urdida por Galipienzo e Izquierdo para que Aricam pueda construir viviendas en Gorraiz pagando el suelo a precio de Ganga. En ese caso, habría caso Egüés II parte!!!!

¿Quizá esta teoría pueda explicar porqué el ayuntamiento que encabeza ahora Andía esté rebajando sus previsiones de pena contra los implicados en este caso? Es entendible que el consistorio quiera acabar cuanto antes con un affaire que le ha costado mucho en imagen, pero no es entendible que para ello cierre en falso el proceso y no exija la restitución de los bienes, la depuración de las responsabilidades y el respeto a los intereses de los vecinos de aquel valle.

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COMPRAR VOLUNTADES

Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Emilio Izquierdo para sacar a la acción popular del juicio y así ver libre a su cliente fue, en frase textual, que “muchas veces quien la ejerce no son Quijotes, sino Sancho Panzas”. El letrado Rodríguez Ramos (prestigioso litigante madrileño) mantuvo, junto a su colega Víctor Moreno (representando a Concepción Flores) la tesis de que esa figura, la de la acción popular, ha de ser eliminada del Código puesto que está siendo utilizada con fines “propagándisticos” por partidos políticos; “económicos” por bufetes sin escrúpulos que buscan el “chantaje”; y “amarillistas” por entidades que lo único que persiguen es “notoriedad”.

En dos cosas tienen razón ambos letrados: la primera es que esta figura jurídica está siendo desvirtuada y, la segunda, es que se usa para reventar juicios, es decir, para fomentar la fase de instrucción respecto a un delito para que éste, una vez demostrado, no se juzgue comprando el silencio de la acción popular.

La cuestión clave que no abordaron ambos abogados es quién está permitiendo la desvirtuación de la acción popular. Evidentemente el gremio de quienes ejercen el Derecho, algunos de cuyos miembros son los que finalmente desempeñan la portavocía de una acción popular. No es que aquí se cuestione corporativamente a los letrados, sino que se constata que son algunos de ellos los que usan esta figura como arma arrojadiza, los que negocian con ella y los que, finalmente, acaban desvirtuándola. Es curioso que se achaque a partidos políticos el que busquen “propaganda” o “notoriedad” al ejercer la acción popular cuando el beneficio de esos fines criticables para ambos letrados acaba, precisamente, en los bolsillos de algunos compañeros de carrera (y quizá de bufete). No conocemos (aún) la carrera profesional de ambos abogados, pero estaría bien saber si ellos (o sus socios), alguna vez, no han ejercido la acción popular que ahora tanto critican.

Y este juicio, desde luego, no ha quedado al margen de esos intentos de comprar voluntades, intentos que en este caso no son achacables a quienes siguen desempeñando la acción popular, sino a quienes, tirando de talón, han tratado de neutralizarla. Hay pruebas que aún no se han hecho públicas de tentativas por parte de las defensas de evitar la incriminación de sus representados. En el proceso previo a la apertura de juicio oral, hay sospechas de que se pusieron cheques encima de la mesa. No podemos asegurar que fueran estos letrados quienes protagonizaran tan onerosa conducta, pero quizá hay gente que sí les puede poner nombres y apellidos y, desvelarlos, podría sonrojar a más de un defensor de la deontología legalista.

Un ejemplo impersonal porque (aún) no daremos nombres: uno de los 7 acusados ha ofrecido colaboración a la acusación popular si ésta rebaja la petición de pena. Es decir, contar la verdad, asumir la responsabilidad a cambio de quedar libre. Tal ofrecimiento estaba en firme hasta la presentación de la cuestión previa debatida ayer (la reprobación de Aralar como acusación). Una vez resuelta en contra de los intereses del proponente, la cuestión es si tal oferta continuará a partir de mañana encima de la mesa y, desde luego, si será o no aceptada.

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