COMPRAR VOLUNTADES

Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Emilio Izquierdo para sacar a la acción popular del juicio y así ver libre a su cliente fue, en frase textual, que “muchas veces quien la ejerce no son Quijotes, sino Sancho Panzas”. El letrado Rodríguez Ramos (prestigioso litigante madrileño) mantuvo, junto a su colega Víctor Moreno (representando a Concepción Flores) la tesis de que esa figura, la de la acción popular, ha de ser eliminada del Código puesto que está siendo utilizada con fines “propagándisticos” por partidos políticos; “económicos” por bufetes sin escrúpulos que buscan el “chantaje”; y “amarillistas” por entidades que lo único que persiguen es “notoriedad”.

En dos cosas tienen razón ambos letrados: la primera es que esta figura jurídica está siendo desvirtuada y, la segunda, es que se usa para reventar juicios, es decir, para fomentar la fase de instrucción respecto a un delito para que éste, una vez demostrado, no se juzgue comprando el silencio de la acción popular.

La cuestión clave que no abordaron ambos abogados es quién está permitiendo la desvirtuación de la acción popular. Evidentemente el gremio de quienes ejercen el Derecho, algunos de cuyos miembros son los que finalmente desempeñan la portavocía de una acción popular. No es que aquí se cuestione corporativamente a los letrados, sino que se constata que son algunos de ellos los que usan esta figura como arma arrojadiza, los que negocian con ella y los que, finalmente, acaban desvirtuándola. Es curioso que se achaque a partidos políticos el que busquen “propaganda” o “notoriedad” al ejercer la acción popular cuando el beneficio de esos fines criticables para ambos letrados acaba, precisamente, en los bolsillos de algunos compañeros de carrera (y quizá de bufete). No conocemos (aún) la carrera profesional de ambos abogados, pero estaría bien saber si ellos (o sus socios), alguna vez, no han ejercido la acción popular que ahora tanto critican.

Y este juicio, desde luego, no ha quedado al margen de esos intentos de comprar voluntades, intentos que en este caso no son achacables a quienes siguen desempeñando la acción popular, sino a quienes, tirando de talón, han tratado de neutralizarla. Hay pruebas que aún no se han hecho públicas de tentativas por parte de las defensas de evitar la incriminación de sus representados. En el proceso previo a la apertura de juicio oral, hay sospechas de que se pusieron cheques encima de la mesa. No podemos asegurar que fueran estos letrados quienes protagonizaran tan onerosa conducta, pero quizá hay gente que sí les puede poner nombres y apellidos y, desvelarlos, podría sonrojar a más de un defensor de la deontología legalista.

Un ejemplo impersonal porque (aún) no daremos nombres: uno de los 7 acusados ha ofrecido colaboración a la acusación popular si ésta rebaja la petición de pena. Es decir, contar la verdad, asumir la responsabilidad a cambio de quedar libre. Tal ofrecimiento estaba en firme hasta la presentación de la cuestión previa debatida ayer (la reprobación de Aralar como acusación). Una vez resuelta en contra de los intereses del proponente, la cuestión es si tal oferta continuará a partir de mañana encima de la mesa y, desde luego, si será o no aceptada.