DEFENSA A GOLPE DE TALONARIO

Que este no es un juicio normal está claro por muchas razones. En primer lugar por la gravedad de los hechos; en segundo lugar, por la repercusión mediática que tiene; en tercer lugar, por el morbo que produce ver desfilar a grandes empresarios de la Comunidad Foral delante del tribunal; en cuarto lugar, por el papel pasivo que casi toda la clase política, salvo honrosas excepciones, está teniendo (y eso que el cohecho es un delito que debería ser especialmente execrable para ellos)… Y así podríamos seguir ampliando la lista casi hasta el infinito.

Sin embargo, permítannos que nos paremos en un detalle: la identidad y méritos de algunos de los abogados que han asumido la defensa en este juicio. Nos centraremos básicamente en dos (aunque habrá más entregas), cuyo caché está muy por encima de la media. Evidentemente, la magnitud de las acusaciones y el buen nombre de importantes empresarios está en juego y éstos, o los grupos que los respaldan, no han reparado en gastos. Que a una audiencia de provincias vengan letrados de esta categoría sólo se explica por la inculpación de agentes pudientes que pueden permitirse pagar sus nóminas y que otorgan a todo el proceso cierto alo de lucha de clases. Ya se sabe: el dinero llama al dinero y los pobres no pueden permitirse determinados lujos…

Víctor Moreno Catena. Es el abogado de Conchita (Concepción) Flores, la todopoderosa ex presidenta de Construcciones Flores que se enfrenta a una petición de pena de 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 7 años y multa de 271.993 euros, mantenida por la acusación popular.
Moreno Catena es uno de los abogados y Catedráticos de Derecho Procesal más prestigiosos del Estado. Desempeña su labor docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha dirigido el Máster en el Ejercicio de la Abogacía, que al menos lleva 14 ediciones, así como el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de aquel centro universitario ligado a la Comunidad de Madrid cuyo rector durante 18 años fue uno de los “padres de la Constitución”: el socialista Gregorio Peces Barba.
Moreno es además Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y Secretario General de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). Asimismo, es miembro de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para redactar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha formado parte de la Comisión que ha elaborado el Estudio y Preparación del Libro Blanco de la Justicia de Galicia (2008-2009). Es Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y de la Fundación Española de Derecho Procesal.
El Dr. Moreno Catena es autor de numerosos estudios y monografías sobre diferentes cuestiones del Derecho Procesal y ha tomado parte en varias obras colectivas. En toda su obra, puede destacarse “El proceso penal abreviado” (Tirant lo Blanch, 2004) y “La cooperación judicial en materia penal” (Tirant lo Blanch, 2000), así como una obra sobre la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Tecnos, 2005).

Luis Rodríguez Ramos. Abogado de Emilio Izquierdo, el consejero delegado del Grupo Empresarial Aricam (GEA), ex director general de Industria del Gobierno de Navarra bajo el primer mandato de Miguel Sanz y uno de los principales encausados. Izquierdo, a quien la mayoría de los testigos y acusados apuntan como el cerebro de la operación que desencadenó el caso Egüés, se enfrenta a una petición de pena de 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 7 años y multa de 271.993 euros, mantenida por la acusación popular
Su abogado, Luis Rodríguez Ramos, es nada más y nada menos que el Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados Madrid y ejerce también como catedrático de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Entre la cartera de clientes de este afamado letrado, destaca el actual alcalde de Madrid y anterior presidente autonómico de aquel territorio, Alberto Ruiz Gallardón. Comparte con este ilustre cliente un vínculo especial que nada tiene que ver con el desempeño de su profesión, pero que ilustra su “alta alcurnia”. Tanto él como Ruiz Gallardón están íntimamente ligados a ex ministros de Franco.
Según se puede encontrar en la red, el alcalde de Madrid está casado con Mar Utrera, hija de José Utrera Molina, quien fue Ministro Secretario General del Movimiento con Franco durante su penúltimo Gobierno bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro. Por su parte Luis Rodríguez Ramos es hijo de Luis Rodríguez de Miguel, Ministro de Vivienda durante los dos últimos Gobiernos del general Franco, también bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro.

La presencia de ambos letrados en la Audiencia Provincial es, sin lugar a dudas, un raro privilegio que sólo se explica por el poder adquisitivo de quienes se sientan en el banquillo. Eso también hace a este juicio especial, pese a que en el primer envite, ese por el que querían dejar fuera del proceso a la acción popular, lo perdieron…

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COMPRAR VOLUNTADES

Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Emilio Izquierdo para sacar a la acción popular del juicio y así ver libre a su cliente fue, en frase textual, que “muchas veces quien la ejerce no son Quijotes, sino Sancho Panzas”. El letrado Rodríguez Ramos (prestigioso litigante madrileño) mantuvo, junto a su colega Víctor Moreno (representando a Concepción Flores) la tesis de que esa figura, la de la acción popular, ha de ser eliminada del Código puesto que está siendo utilizada con fines “propagándisticos” por partidos políticos; “económicos” por bufetes sin escrúpulos que buscan el “chantaje”; y “amarillistas” por entidades que lo único que persiguen es “notoriedad”.

En dos cosas tienen razón ambos letrados: la primera es que esta figura jurídica está siendo desvirtuada y, la segunda, es que se usa para reventar juicios, es decir, para fomentar la fase de instrucción respecto a un delito para que éste, una vez demostrado, no se juzgue comprando el silencio de la acción popular.

La cuestión clave que no abordaron ambos abogados es quién está permitiendo la desvirtuación de la acción popular. Evidentemente el gremio de quienes ejercen el Derecho, algunos de cuyos miembros son los que finalmente desempeñan la portavocía de una acción popular. No es que aquí se cuestione corporativamente a los letrados, sino que se constata que son algunos de ellos los que usan esta figura como arma arrojadiza, los que negocian con ella y los que, finalmente, acaban desvirtuándola. Es curioso que se achaque a partidos políticos el que busquen “propaganda” o “notoriedad” al ejercer la acción popular cuando el beneficio de esos fines criticables para ambos letrados acaba, precisamente, en los bolsillos de algunos compañeros de carrera (y quizá de bufete). No conocemos (aún) la carrera profesional de ambos abogados, pero estaría bien saber si ellos (o sus socios), alguna vez, no han ejercido la acción popular que ahora tanto critican.

Y este juicio, desde luego, no ha quedado al margen de esos intentos de comprar voluntades, intentos que en este caso no son achacables a quienes siguen desempeñando la acción popular, sino a quienes, tirando de talón, han tratado de neutralizarla. Hay pruebas que aún no se han hecho públicas de tentativas por parte de las defensas de evitar la incriminación de sus representados. En el proceso previo a la apertura de juicio oral, hay sospechas de que se pusieron cheques encima de la mesa. No podemos asegurar que fueran estos letrados quienes protagonizaran tan onerosa conducta, pero quizá hay gente que sí les puede poner nombres y apellidos y, desvelarlos, podría sonrojar a más de un defensor de la deontología legalista.

Un ejemplo impersonal porque (aún) no daremos nombres: uno de los 7 acusados ha ofrecido colaboración a la acusación popular si ésta rebaja la petición de pena. Es decir, contar la verdad, asumir la responsabilidad a cambio de quedar libre. Tal ofrecimiento estaba en firme hasta la presentación de la cuestión previa debatida ayer (la reprobación de Aralar como acusación). Una vez resuelta en contra de los intereses del proponente, la cuestión es si tal oferta continuará a partir de mañana encima de la mesa y, desde luego, si será o no aceptada.

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