Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Emilio Izquierdo para sacar a la acción popular del juicio y así ver libre a su cliente fue, en frase textual, que “muchas veces quien la ejerce no son Quijotes, sino Sancho Panzas”. El letrado Rodríguez Ramos (prestigioso litigante madrileño) mantuvo, junto a su colega Víctor Moreno (representando a Concepción Flores) la tesis de que esa figura, la de la acción popular, ha de ser eliminada del Código puesto que está siendo utilizada con fines “propagándisticos” por partidos políticos; “económicos” por bufetes sin escrúpulos que buscan el “chantaje”; y “amarillistas” por entidades que lo único que persiguen es “notoriedad”.
En dos cosas tienen razón ambos letrados: la primera es que esta figura jurídica está siendo desvirtuada y, la segunda, es que se usa para reventar juicios, es decir, para fomentar la fase de instrucción respecto a un delito para que éste, una vez demostrado, no se juzgue comprando el silencio de la acción popular.
La cuestión clave que no abordaron ambos abogados es quién está permitiendo la desvirtuación de la acción popular. Evidentemente el gremio de quienes ejercen el Derecho, algunos de cuyos miembros son los que finalmente desempeñan la portavocía de una acción popular. No es que aquí se cuestione corporativamente a los letrados, sino que se constata que son algunos de ellos los que usan esta figura como arma arrojadiza, los que negocian con ella y los que, finalmente, acaban desvirtuándola. Es curioso que se achaque a partidos políticos el que busquen “propaganda” o “notoriedad” al ejercer la acción popular cuando el beneficio de esos fines criticables para ambos letrados acaba, precisamente, en los bolsillos de algunos compañeros de carrera (y quizá de bufete). No conocemos (aún) la carrera profesional de ambos abogados, pero estaría bien saber si ellos (o sus socios), alguna vez, no han ejercido la acción popular que ahora tanto critican.
Y este juicio, desde luego, no ha quedado al margen de esos intentos de comprar voluntades, intentos que en este caso no son achacables a quienes siguen desempeñando la acción popular, sino a quienes, tirando de talón, han tratado de neutralizarla. Hay pruebas que aún no se han hecho públicas de tentativas por parte de las defensas de evitar la incriminación de sus representados. En el proceso previo a la apertura de juicio oral, hay sospechas de que se pusieron cheques encima de la mesa. No podemos asegurar que fueran estos letrados quienes protagonizaran tan onerosa conducta, pero quizá hay gente que sí les puede poner nombres y apellidos y, desvelarlos, podría sonrojar a más de un defensor de la deontología legalista.
Un ejemplo impersonal porque (aún) no daremos nombres: uno de los 7 acusados ha ofrecido colaboración a la acusación popular si ésta rebaja la petición de pena. Es decir, contar la verdad, asumir la responsabilidad a cambio de quedar libre. Tal ofrecimiento estaba en firme hasta la presentación de la cuestión previa debatida ayer (la reprobación de Aralar como acusación). Una vez resuelta en contra de los intereses del proponente, la cuestión es si tal oferta continuará a partir de mañana encima de la mesa y, desde luego, si será o no aceptada.
miércoles, 6 de mayo de 2009
COMPRAR VOLUNTADES
martes, 5 de mayo de 2009
¿En qué consistió la trama?
Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil determinaron que el presunto delito de cohecho que se imputa al ex alcalde del valle de Egüés, está relacionado con el doble cobro de comisiones tanto del vendedor del terreno, Construcciones Flores, propiedad de Concepción Flores, como del comprador, el Grupo Empresarial Aricam (GEA), que tenía previsto edificar un apartotel en esa parcela, la S.2.2, una vez que el entonces alcalde recalificara su uso.
La juez de Aoiz que instruyó el sumario detallaba cuidadosamente en el auto la operación del apartotel y las distintas sociedades que el ex alcalde de UPN puso en marcha para tratar de ocultar los ingresos que percibía como intermediario. El ex alcalde había recibido de Construcciones Flores 138.000 euros, y su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé, otros 12.000 euros. Además GEA abonó, entre julio y octubre de 2002, 90.031 euros en cuatro transferencias distintas a una de las empresas del ex alcalde, RMA Urbana.
La investigación judicial llevada a cabo en Aoiz no pudo encontrar ningún justificante de los trabajos que realizó en esa época Galipienzo para GEA, ni tampoco los implicados aportaron documento alguno que vinculara el pago a otra operación distinta a la del apartotel, lo que llevó a la juez a considerar que las comisiones pagadas por GEA fueron a cambio de la concesión de la licencia del apartotel, un permiso que el auto judicial califica de ilegal por tratarse de una parcela de uso exclusivamente escolar.
Las comisiones al ex alcalde iban a parar a la empresa RMA Urbana, en la que aparecía como titular su testaferro, y de ahí a una segunda sociedad, EGDU, en la que sí aparecían como dueños Ignacio Galipienzo y su mujer, Eva Iglesias. El último destino era una cuenta personal del ex alcalde a la que iba a parar el dinero recibido en EGDU cada vez que de esta cuenta se sobrepasaba el saldo de 3.000 euros. La juez recuerda que el matrimonio
Galipienzo-Iglesias adquirió EGDU once días después de que se cerrara la operación de compra-venta de la S.2.2 para el apartotel.
En el auto que ponía fin a dos años de instrucción del sumario, la magistrado afirma también que RMA no tuvo actividad ni ingreso alguno desde su constitución en octubre de 2001 hasta el 2 de julio de 2002, cuando se produjo el primer pago de GEA a RMA.
LA SECUELA
Izquierdo fue quien “fichó” a Ignacio Galipienzo para que trabajara para GEA. Tras la operación de la S.2.2, el ex alcalde y GEA siguieron colaborando en otros proyectos fuera de Navarra, en alguno de los cuales también tomó parte Construcciones Flores, como sucedió en Valladolid. Aquí, RMA recibió 104.000 euros por su papel de intermediación en unos terrenos de la capital vallisoletana, el 60% de los cuales fue a parar directamente a manos de Ignacio Galipienzo. Cuando este periódico dio a conocer en octubre de 2003 las irregularidades urbanísticas y las evidencias que vinculaban al ex alcalde con GEA, Emilio Izquierdo firmó la rescisión del contrato que su grupo mantenía con RMA, un contrato que por cierto se redactó en una fecha diferente a la que aparece en el documento oficial.
Comienza el juicio
Mañana 6 de mayo a las 10.00 horas comienza el juicio del llamado Caso Egüés en el que serán juzgados el alcalde de valle de Egüés, Ignacio Galipienzo, su testaferro, José Luis Ruiz, la arquitecta municipal, Nuria Alas, el asesor legal del Ayuntamiento, Jesús Marco y los constructores Conchita Flores, Luis Galo y Emilio Izquierdo. La información diaria del juicio la podrás seguir en este foro.
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